Como una forma de dar cumplimiento al punto 14 del acuerdo suscrito con fecha 20 de enero de 2010 entre el Estado de Chile y los ex funcionarios de carabineros y sus cónyuges (representados en su mayoría por la Corporación Interés Público), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Carabineros de Chile han publicado en sus sitios web oficiales, el documento que contiene la solución amistosa del caso ventilado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A raíz de ello, sólo resta la respectiva publicación del documento en el Diario Oficial y en el sitio web del Ministerio de Defensa Nacional.
Revisa las publicaciones:
http://deptocom.carabineros.cl/acuerdo_2010/
http://www.minrel.gov.cl/prontus_minrel/site/artic/20100217/pags/20100217181032.php
Corporación Interés Público, en representación de las víctimas, alcanza un inédito acuerdo en que el Estado de Chile reconoce su responsabilidad en la violación de los derechos de los denunciantes, pide disculpas a las víctimas y compromete medidas de reparación.
Hoy miércoles 20 de enero de 2010, la Corporación Interés Público suscribió un acuerdo de Solución Amistosa con el gobierno que pone término al proceso tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile por violación de los derechos humanos de un grupo de ex funcionarios de Carabineros de Chile y sus cónyuges.
El acuerdo fue suscrito en representación del Estado por la Subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, el General Subdirector de Carabineros, Gustavo González, y la Directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Carmen Hertz.
Por las víctimas firmaron el ex funcionario de Carabineros, Sr. Mario Araya y su cónyuge, Sra. Gloria Ponce, además de los abogados de la Corporación Interés Público en su calidad de peticionarios ante la Comisión Interamericana y representantes de las víctimas, Sres. Domingo Lovera y Sergio Espejo.
Los hechos que motivaron las denuncias se remontan al año 1998, fecha en la cual un grupo de mujeres casadas con funcionarios de Carabineros de Chile, fueron duramente reprimidas y procesadas por la justicia militar tras realizar una manifestación pública por los bajos sueldos de sus maridos. Como consecuencia de lo anterior, los funcionarios de Carabineros que eran cónyuges de las manifestantes fueron sometidos a un proceso de calificación arbitrario y contrario a los derechos que les otorgaban tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país, para ser posteriormente exonerados.
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