I-Público

Corporación Interés Público, en representación de las víctimas, alcanza un inédito acuerdo en que el Estado de Chile reconoce su responsabilidad en la violación de los derechos de los denunciantes, pide disculpas a las víctimas y compromete medidas de reparación.

Hoy miércoles 20 de enero de 2010, la Corporación Interés Público suscribió un acuerdo de Solución Amistosa con el gobierno que pone término al proceso tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile por violación de los derechos humanos de un grupo de ex funcionarios de Carabineros de Chile y sus cónyuges.

El acuerdo fue suscrito en representación del Estado por la Subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, el General Subdirector de Carabineros, Gustavo González, y la Directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Carmen Hertz.

Por las víctimas firmaron el ex funcionario de Carabineros, Sr. Mario Araya y su cónyuge, Sra. Gloria Ponce, además de los abogados de la Corporación Interés Público en su calidad de peticionarios ante la Comisión Interamericana y representantes de las víctimas, Sres. Domingo Lovera y Sergio Espejo.

Los hechos que motivaron las denuncias se remontan al año 1998, fecha en la cual un grupo de mujeres casadas con funcionarios de Carabineros de Chile, fueron duramente reprimidas y procesadas por la justicia militar tras realizar una manifestación pública por los bajos sueldos de sus maridos. Como consecuencia de lo anterior, los funcionarios de Carabineros que eran cónyuges de las manifestantes fueron sometidos a un proceso de calificación arbitrario y contrario a los derechos que les otorgaban tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país, para ser posteriormente exonerados.

Frente a esta situación, los afectados presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington D.C., en el año 1999, demandando al Estado de Chile por la violación en este procedimiento de sus derechos fundamentales. Entre otros, el derecho a las garantías judiciales, la protección de la honra y la dignidad, la protección de la familia, el derecho a la igualdad ante la ley y la protección judicial, todo ello en armonía con la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

1. La “revisión de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de calificaciones”, de modo de garantizar que en dichos procesos se “cumpla con los principios de objetividad, contradictoriedad e impugnabilidad, y, en general, que se resguarden debidamente los derechos funcionarios de éstos (los carabineros), acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

2. La limpieza de los antecedentes administrativos de las victimas del caso, removiendo toda constancia referida a los hechos que motivaron la demanda.

3. Expresar mediante una carta enviada por el Gobierno de Chile a las víctimas del caso, las disculpas formales por los hechos denunciados y las consecuencias que éstos tuvieron en sus vidas e intimidad personal y familiar.

4. Otorgar acceso directo de las víctimas a las prestaciones de salud del Hospital de Carabineros “Del General Humberto Arriagada Valdivieso”, como del Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros “Hospital Teniente Hernán Merino Correa”, así como indemnizaciones pecuniarias para cada una de las víctimas del caso, por conceptos de daños materiales y daño moral.

5. Constituir una Comisión de seguimiento del presente acuerdo, la cual estará coordinada por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Esta Comisión estará integrada por un representante de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería Chilena, un representante de Carabineros de Chile, un representante del Ministerio de Defensa y un representante de los peticionarios.

6. Finalmente, el Estado de Chile se obligó a informar a la Comisión Interamericana en el plazo de un año, del avance en el cumplimiento de este acuerdo, así como de las medidas que a la fecha se hayan adoptado.

Los abogados Lovera y Espejo señalaron que “el acuerdo constituye un importante avance en el cumplimiento de los derechos que el Estado de Chile se ha comprometido a respetar para sus ciudadanos.” Agregaron que “si bien es lamentable haber tenido que recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para reparar el daño causado a ex carabineros y sus familias, el acuerdo alcanzado permitirá someter a revisión el sistema de calificación y evaluación de Carabineros y hacerlo consistente con los estándares internacionales vigentes en la materia”. Por último, señalaron que “la obligación que contrae el Estado de llevar a cabo esta revisión e informar en el plazo de un año a la Comisión Interamericana, abre la puerta a aplicar la misma revisión al régimen de calificaciones de las fuerzas armadas en general”.