El Informe, ha sido elaborado por Matías Guiloff, abogado asociado de la Corporación, y argumenta la existencia de una serie de ilegalidades que vician el procedimiento calificatorio.
        

           En particular, concluye el Informe que “[s]i se comparan los pronunciamientos efectuados a la tercera Adenda con aquellos realizados a la primera y segunda, es altamente llamativo el cambio en el parámetro de evaluación que se aprecia en los pronunciamientos de los organismos sectoriales. Este cambio no solamente pasa por dejar de exigir cuestiones que hasta el momento habían sido solicitadas reiteradamente –como que el proponente se refiriera a los impactos que causaría sobre la Reserva del Pingüino de Humboldt-, sino que también en que aspectos necesarios y obligatorios para la evaluación pasan (ilegalmente) a ser simples condiciones con las que el proponente deberá cumplir antes de la entrada en operación del proyecto”.

Leer el informe completo: INFORME BARRANCONES

A este evento, asistirá el socio fundador de la Corporación Interés Público, Nicolás Espejo, quien junto a Pilar Arcidiácono (CELS) y César Rodríguez (U. de los Andes) son los coordinadores generales de la mencionada publicación.

En términos generales, el libro contiene una serie de artículos y estudios sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en lo que respecta a su situación en América Latinam en particular respecto de indicadores, justiciabilidad, políticas públicas e indicadores.

Cabe señalar que esta obra también cuenta con un artículo relativo a políticas públicas y derechos sociales escrito por Domingo Lovera, también socio fundador de la Corporación Interés Público.

Mas Información: LANZAMIENTO LIBRO DESC

Por, Nicolás Espejo Y.

El Mostrador, 17 de agosto de 2010

http://www.elmostrador.cl/opinion/2010/08/17/el-reality-del-dolor/

Por José Luis Ugarte

El Mostrador, 13 de mayo de 2010

http://www.elmostrador.cl/opinion/2010/05/13/perra-musulmana/

En la primera de ellas, titulada “Interés Superior del Niño y Tutelarismo: Desafíos de la Convención de los Derechos del Niño”, Espejo centró su análisis en la obligación de los jueces de realizar tests relativos al respeto de los derechos del menor como sujeto autónomo, a la idea de protección integral y a la valoración social de las medidas que se inpongan a niños y niñas.

En cuanto a la segunda exposición,  realizada en el marco de un taller con docentes universitarios, se refirió a los desafíos de la libertad de expresión frente a los Derechos  Humanos. En términos generales,  se analizaron y debatieron temas relativos a las restricciones a la libertad de expresión y al cumplimiento de los estándares internacionales para proceder a la imposición de dichas limitaciones.

Notas relacionadas:

http://enj.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1097&Itemid=70

http://enj.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1098&Itemid=70

El objeto de dicho encuentro fue dar a conocer las demandas y propuestas en mataria legislativa de todas aquellas áreas relacionadas con el derecho a la no discriminación, poniendo énfasis en  las minorías sexuales.

Con la presencia del abogado de la Corporación Interés Público, Anuar Quesille, el Movilh, mediante su Presidente, Rolando Jimémez,  expresaron al Gobierno la necesidad de dar urgencia a la tramitación del Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación, radicado desde el 2005 en el Congreso Nacional, a objeto de terminar con la vulnerabilidad padecida por los grupos y sectores afectados por diversas formas de exclusión.

Asimismo, se dieron a conocer las principales dificultades que experimentan las minorías debido a la ausencia de una legislación integral que de cumplimiento a cuestiones fundamentales en materia de igualdad social.

En cuanto a los temas relacionados con los problemas patrimoniales, sucesorales, previsionales y de salud que afectan a convivientes heterosexuales y homosexuales, se hizo especial hincapié en la importantcia de la aprobación de la Ley que establece el Pacto de Uniones Cviviles.

Por su parte, Alvarado señaló que dichas temáticas están incluídas en el programa presidencial y precisó que en la actualidad el gobierno analiza los mecanismos para determinar la forma que se llevará a cabo, esperándose noticias más claras en el futuro, una vez que terminen las urgencias legislativas desencadenadas por el terremoto y el tsunami que azotaron Chile el pasado 27 de febrero.

Notas relacionadas:

http://www.movilh.cl

http://www.elciudadano.cl/2010/05/07/instan-a-gobierno-y-parlamento-para-agilizar-leyes-contra-discriminacion-de-union-civil-e-identidad-de-genero/

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2010-05-08&NewsID=91683&BodyID=0&PaginaId=13

A raíz de ello, sólo resta la respectiva publicación del documento en el Diario Oficial y en el sitio web del Ministerio de Defensa Nacional.

Revisa las publicaciones:

http://deptocom.carabineros.cl/acuerdo_2010/

http://www.minrel.gov.cl/prontus_minrel/site/artic/20100217/pags/20100217181032.php

Hoy miércoles 20 de enero de 2010, la Corporación Interés Público suscribió un acuerdo de Solución Amistosa con el gobierno que pone término al proceso tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile por violación de los derechos humanos de un grupo de ex funcionarios de Carabineros de Chile y sus cónyuges.

El acuerdo fue suscrito en representación del Estado por la Subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, el General Subdirector de Carabineros, Gustavo González, y la Directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Carmen Hertz.

Por las víctimas firmaron el ex funcionario de Carabineros, Sr. Mario Araya y su cónyuge, Sra. Gloria Ponce, además de los abogados de la Corporación Interés Público en su calidad de peticionarios ante la Comisión Interamericana y representantes de las víctimas, Sres. Domingo Lovera y Sergio Espejo.

Los hechos que motivaron las denuncias se remontan al año 1998, fecha en la cual un grupo de mujeres casadas con funcionarios de Carabineros de Chile, fueron duramente reprimidas y procesadas por la justicia militar tras realizar una manifestación pública por los bajos sueldos de sus maridos. Como consecuencia de lo anterior, los funcionarios de Carabineros que eran cónyuges de las manifestantes fueron sometidos a un proceso de calificación arbitrario y contrario a los derechos que les otorgaban tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país, para ser posteriormente exonerados.

Frente a esta situación, los afectados presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington D.C., en el año 1999, demandando al Estado de Chile por la violación en este procedimiento de sus derechos fundamentales. Entre otros, el derecho a las garantías judiciales, la protección de la honra y la dignidad, la protección de la familia, el derecho a la igualdad ante la ley y la protección judicial, todo ello en armonía con la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

1. La “revisión de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de calificaciones”, de modo de garantizar que en dichos procesos se “cumpla con los principios de objetividad, contradictoriedad e impugnabilidad, y, en general, que se resguarden debidamente los derechos funcionarios de éstos (los carabineros), acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

2. La limpieza de los antecedentes administrativos de las victimas del caso, removiendo toda constancia referida a los hechos que motivaron la demanda.

3. Expresar mediante una carta enviada por el Gobierno de Chile a las víctimas del caso, las disculpas formales por los hechos denunciados y las consecuencias que éstos tuvieron en sus vidas e intimidad personal y familiar.

4. Otorgar acceso directo de las víctimas a las prestaciones de salud del Hospital de Carabineros “Del General Humberto Arriagada Valdivieso”, como del Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros “Hospital Teniente Hernán Merino Correa”, así como indemnizaciones pecuniarias para cada una de las víctimas del caso, por conceptos de daños materiales y daño moral.

5. Constituir una Comisión de seguimiento del presente acuerdo, la cual estará coordinada por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Esta Comisión estará integrada por un representante de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería Chilena, un representante de Carabineros de Chile, un representante del Ministerio de Defensa y un representante de los peticionarios.

6. Finalmente, el Estado de Chile se obligó a informar a la Comisión Interamericana en el plazo de un año, del avance en el cumplimiento de este acuerdo, así como de las medidas que a la fecha se hayan adoptado.

Los abogados Lovera y Espejo señalaron que “el acuerdo constituye un importante avance en el cumplimiento de los derechos que el Estado de Chile se ha comprometido a respetar para sus ciudadanos.” Agregaron que “si bien es lamentable haber tenido que recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para reparar el daño causado a ex carabineros y sus familias, el acuerdo alcanzado permitirá someter a revisión el sistema de calificación y evaluación de Carabineros y hacerlo consistente con los estándares internacionales vigentes en la materia”. Por último, señalaron que “la obligación que contrae el Estado de llevar a cabo esta revisión e informar en el plazo de un año a la Comisión Interamericana, abre la puerta a aplicar la misma revisión al régimen de calificaciones de las fuerzas armadas en general”.

En particular, se solicitaron antecedentes relativos a las causas que se sustancian en el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos (esto es, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos) y en el Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La posibilidad de contar con los datos requeridos cumple un doble objetivo para la Corporación Interés Público. El primero, tiene que ver con que para nuestra institución es de gran relevancia contar con información fidedigna (sobretodo oficial) acerca del estatus actual de los procedimientos sobre Derechos Humanos que el Estado de Chile actualmente tramita en el seno de los diversos organismos internacionales. Esto, claramente nos permite un desarrollo certero de una de nuestras de interés, como lo es la Responsabilidad del Estado. Por otra parte, se logra dar un adecuado cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información, la cual otorga la posibilidad a cualquier persona de recurrir ante los organismos públicos y requerir información que no tenga el carácter de confidencial.